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Medios de Defensa

Cuando un particular se considere que algún acto o resolución de las autoridades no se realizo conforme a la ley se podrá interponer los medios de defensa, los cuales en lo referente a la defensa fiscal  se agrupan de la siguiente manera:

 

  • Defensa por la vía administrativa (Recurso de Revocación interpuesto ante la misma administración) y
  • Defensa por la vía Judicial (interpuesto ante el Tribunal federal de Justicia Fiscal y Administrativa).

 

 

RECURSO DE REVOCACION:

 

El recurso administrativo que prevé el Código Fiscal de la Federación es el de revocación, como se puede advertir del artículo 116 del Código Fiscal de la Federación y  110 del Código Fiscal del Estado de Sonora, se interpone en contra de determinadas resoluciones o actos de autoridad en materia fiscal.

 

El artículo 117 del Código Fiscal de la Federación y 111 del Código Fiscal del Estado de Sonora nos dicen contra que actos procederá dicho recurso los cuales son:

 

a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.

 

b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley.

 

c) Dicten las autoridades aduaneras.

 

d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al  particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos

33-A (aclaración administrativa), 36 (reconsideración) y 74 (condonación de multas) de este Código.

 

En materia Estatal no procederá el inciso C)

 

Conforme a la fracción II del artículo 117 antes invocado, el recurso en comento también procede contra los actos de autoridades fiscales federales que:

 

a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código (por pagar con cheque sin fondos).

 

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley.

 

c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código (cuando el tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones embargados, o titular de los derechos embargados o afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales federales).

 

d) Determinen el valor de los bienes embargados.

 

En el caso de Competencia del Estado no aplicara el inciso C).

 

IMPROCEDENCIA

 

De acuerdo al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación y 116 del Código Fiscal del Estado de Sonora es improcedente el recurso de revocación cuando:

 

I.- Que no afecten el interés jurídico del recurrente

 

II.- Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de sentencias.

 

III.- Que hayan sido impugnadas ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal  y Administrativa.

 

IV.- Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquello contra los que no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto.

 

V.- Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente.

 

VI.- En caso de que no se amplíe el recurso administrativo o si en la ampliación no se expresa agravio alguno, tratándose de lo previsto por la fracción II del articulo 129 de este código.

 

VII.- Si son revocados los actos por la autoridad.

 

VIII.- Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa  en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se inicio con posterioridad a la resolución que resuelve un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

IX.- Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte.

 

En el caso del Estado no procederán los numerales VIII y IX

 

 

 

 

 

 

Reformas.

 

Reforma en materia de pruebas.

 

Por regla general, el plazo para la interposición del recurso administrativo es dentro de cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efecto la notificación del acto impugnado, como se desprende de los numerales 122, 127 y 175 del Código.

 

Las pruebas de los hechos controvertidos en el recurso se deben señalar en el escrito de su interposición, y acompañarse a éste las pruebas documentales y dictámenes periciales que se ofrezcan, como se desprende de los preceptos 122 y 123 del Código.

 

Ahora bien, con la adición de un último párrafo al artículo 123 de este cuerpo normativo, se posibilita al recurrente para que dentro del mes siguiente a la fecha de presentación del recurso anuncie la exhibición de pruebas adicionales, a las que ya se hubiesen presentado.

 

En esta secuencia de ideas cabe señalar que se adiciona también un tercer párrafo al artículo 130 del Código en comento, para indicar que el recurrente tendrá un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que haya efectuado el anuncio de exhibición de pruebas correspondiente para presentarlas.

 

Cabe señalar que estas reformas comentadas entraron en vigor el 7 de mayo de 2009, y al ser normas de procedimiento aplicarán:

 

1. Para aquellos recursos que se interpongan a partir de la iniciación de vigencia de estas disposiciones.

 

2. Para aquellos recursos que se hayan interpuesto antes de la fecha mencionada, siempre y cuando no haya transcurrido más de un mes de su interposición respecto de la fecha señalada.

 

En otros términos, los recursos que se presentaron antes del 7 de abril   de 2009, no gozarán de la aplicación de beneficio que implica la reforma       en cita. Lo anterior es así, ya que la modificación en análisis posibilita a que el recurrente dentro del mes siguiente a la fecha de presentación del            recurso anuncie la exhibición de pruebas adicionales, y para los  recursos que se presentaron antes de la fecha mencionada, ya          transcurrió en exceso el plazo del mes al que se hizo alusión. .

 

Vinculado con el tema de las pruebas es conveniente indicar que además se adiciona un cuarto párrafo al artículo 130 del Código, para señalar que la autoridad que conozca del recurso, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, así como ordenar la práctica de cualquier diligencia.

 

Al ser ésta una norma de procedimiento se debe aplicar a partir de la entrada en vigor de la misma (7 de mayo de 2009) a cualquier asunto pendiente de resolución, ya sean recursos interpuestos después de la fecha mencionada o antes de ésta.

 

 

Reforma en materia de plazo para la resolución.

 

La resolución del recurso administrativo se debe dictar y notificar por la autoridad en un plazo que no excederá de tres meses, contados a partir de la fecha de su interposición, atento lo dispone el primer párrafo del artículo 131 del Código.

 

Ahora bien, con la adición de un último párrafo al artículo 131 del Código Tributario Federal, el plazo con el que contará la autoridad para su resolución será de cinco meses contados a partir de la fecha de su interposición, siempre y cuando el recurrente ejerza el derecho de anunciar la exhibición de pruebas a que antes se hizo mención.

La adición antes aludida al artículo 131, al ser disposición de procedimiento aplicará:

 

1. Para aquellos recursos administrativos que se interpongan a partir de la iniciación de su vigencia.

 

2. Para aquellos recursos administrativos que se hayan interpuesto antes del 7 de mayo, y que el contribuyente tenga el derecho de anunciar las pruebas a que antes se hizo alusión. Esto es, para aquellos recursos que se hayan interpuesto antes del 7 de abril de 2009.

 

 

Reforma en materia de requisitos para emisión de la resolución.

 

La reforma del primer párrafo del artículo 132 del Código Fiscal de la Federación obliga a la autoridad resolutora del los recursos a examinar todos los agravios que se refieran al fondo de la cuestión controvertida, cuando al menos uno de ellos resulte fundado antes de entrar al análisis de los que se planteen sobre violación de requisitos formales o vicios del procedimiento.

 

Antes de esta modificación, la autoridad podía estudiar previo a los agravios de fondo los vicios formales o de procedimiento, y si procedía alguno de estos últimos, se revocaba la resolución impugnada para efectos, pero sin estudiar el fondo y se mandaba a reponer el procedimiento

 

Al ser ésta una norma de procedimiento se debe aplicar a partir de la entrada en vigor de la misma (7 de mayo de 2009) a cualquier asunto pendiente de resolución, ya sean recursos interpuestos después de la fecha mencionada o antes de ésta.

 

 

Reforma en materia de plazo para garantizar el interés fiscal

 

En el caso de recurso de revocación, el plazo para garantizar el interés fiscal es de cinco meses, a partir de que se interponga este medio de impugnación, así lo indica el segundo párrafo del artículo 144 del Código en estudio.

 

Ahora bien, con la adición de un tercer párrafo al artículo 144 del Código de referencia, el contribuyente no estará obligado a exhibir la garantía del interés fiscal correspondiente sino, en su caso, hasta que sea resuelto dicho recurso, en el caso de que concluido el plazo de cinco meses para garantizar el interés fiscal no haya sido resuelto el recurso de revocación.

 

A mayor abundamiento, la modificación aludida entra en vigor el 7 de mayo de

2009, y libera del otorgamiento de garantía del interés fiscal a los contribuyentes que interpongan recurso administrativo en tanto se resuelve éste.

 

Así mismo, al ser esta disposición una norma de procedimiento aplica:

 

1. Para aquellos recursos que se interpongan a partir de la iniciación de vigencia de este artículo.

 

2. Para aquellos recursos que se hayan interpuesto antes de la fecha mencionada, siempre y cuando antes de la iniciación de vigencia de esta norma no se haya requerido y otorgado la garantía del interés fiscal, al haber transcurrido más de 5 meses de que se interpuso el recurso correspondiente.

  

 

  

 

 

 

JUICIO DE NULIDAD
 

Concepto.- El juicio de nulidad consiste en la resolución de una controversia legítima, por violación o desconocimiento de un derecho, entre los particulares y las autoridades hacendarias o de un carácter administrativo distinto, ante un órgano de naturaleza jurisdiccional, pero adscrito al Poder Ejecutivo, el cual determinará a quién le asiste la razón y el derecho, mediante la acción que marcan las leyes.
 

También llamado Juicio Contencioso Administrativo. Este  Procedimiento es reglamentado por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y se lleva a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en donde se ejerce uno de los medios de defensa de aquellos actos o resoluciones que se tildan de ilegales por la persona que se ve afectada en sus intereses jurídicos.


COMPETENCIA DEL TFJFA
 
SALAS REGIONALES.- Procederá el juicio de nulidad en contra de las siguientes resoluciones:
 

¿CONTRA QUÉ ACTOS PROCEDE?
 (Art. 11 LOTFJFA)

 

Contra resoluciones definitivas que:

 

I. Dicten autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

 

II. Nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación.

 

III. Impongan multas por infracción a las normas admvas. federales.

 

IV. Causen un agravio en materia fiscal distinto a las fracciones anteriores.

 

XIV. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.

 

XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.

 

            Se considerarán resoluciones definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

 

            El TFJFA conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular.

 

            También conocerá de los juicios que se promuevan contra una resolución negativa ficta configurada, en las materias señaladas en este artículo.

 

 

 

 

El JUICIO ES IMPROCEDENTE
(Art. 8 LFPCA  y Art 209 CFES)

 

I.- Que no afecte el interés jurídico del demandante.

 

II.- Cuya impugnación no corresponda al TFJFA.  

 

III.- Que hayan sido materia de sentencia previa.

 

IV.- Que se hayan consentido.

 

V.- Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución.

 

VI.- Que puedan impugnarse por medio de otro medio de defensa, salvo que éste sea optativo.

 

VII.- Conexos a otro que se haya impugnado por medio de otro medio de defensa diferente.

 

VIII.- Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial.

 

IX.-  Contra ordenamientos que den normas o instrucciones de carácter gral. y abstracto.

 

X.- Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación.

 

XI.- Cuando no exista el acto reclamado.

 

XII.- Que puedan impugnarse conforme al art. 97 LCE, cuando no haya transcurrido el plazo para hacerlo o que ya se hubiera ejercido.

 

XIII.- Dictados en cumplimiento de una resolución emitida conforme al art. 97 LCE.

XIV.- En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna otra disposición.

 

XV.- Procedimiento de resolución de controversias de un Tratado para evitar la doble tributación.

 

XVI.- Resoluciones dictadas por autoridades fiscales extranjeras cuyo cobro haya sido encomendado a México.

 

 

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO
(Art. 9 LFPCA.y Art. 210 CFES)

 

 

            I.- Por desistimiento del demandante.

 

            II.- Cuando aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia

 

            III.- Cuando el demandante muera, si su pretensión es intransmisible.

 

            IV.- Si la demandada deja sin efectos el acto impugnado.

 

            V.- En los demás casos en los que haya impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo.

 

El sobreseimiento del juicio puede ser total o parcial

 

 

 

PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO

(Art. 13 LFPCA.)

 

 

      Dentro de los 45 días (hábiles) siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto.

 

* Excepción.- Autoridad (juicio de lesividad) 5 años

 

 

¿DÓNDE PRESENTAR LA DEMANDA?
(Art. 13 LFPCA. Art 216 CFES)

 

 

      Directamente ante la Sala Regional del TFJFA competente en razón del domicilio de la autoridad que emitió la resolución.

 

Por correo certificado con acuse de recibo, desde el lugar de residencia del demandante

 

 

 

¿QUÉ DEBO INDICAR EN LA DEMANDA?
(Art. 14 LFPCA. Art. 217CFES)

 

 

I.- Nombre y su domicilio para recibir notificaciones.

II.- La resolución que se impugna.

III.- La autoridad o particular demandados.

IV.- Los hechos que den motivo a la demanda

V.- Las pruebas

VI.- Los conceptos de impugnación

VII.- El nombre y domicilio del tercero interesado

VIII.- Lo que se pida

 

A falta del nombre del demandante o de los requisitos de las fracciones II y VI,  se desechará por improcedente la demanda.

 

En los casos de las fracciones III, IV, V, VII y VIII, se requerirá para que en un plazo de 5 días se subsane la omisión; de no hacerse, se tendrá por no presentada la demanda.

 

 

 

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO
(Art. 28 LFPCA CFF Art. 234 CFES)

 

      Se podrá solicitar en la demanda o en cualquier tiempo, antes de la sentencia.

      En el auto que acuerde la solicitud, se decretará la suspensión provisional.

      En un máximo de 5 días, se resolverá sobre la suspensión definitiva

      Cuando la ejecución o inejecución pueda causar perjuicio al interés general, se negará la suspensión.

      Cuando sea procedente, pero con ella se pueda ocasionar daños o perjuicios a la otra parte, se concederá si se otorga garantía.

      Tratándose de contribuciones, se deberá efectuar depósito ante la TESOFE. Excepto cuando excedan la capacidad del actor o se hubiera garantizado el interés fiscal.       

 

 

¿QUÉ DEBO ADJUNTAR A LA DEMANDA?
(Art. 15 LFPCA. Art. 218 CFES)

 

I.- Una copia de la misma y anexos para c/u de las partes.

II.- El documento que acredite su personalidad.

III.- El acto impugnado.

IV.- La constancia de notificación.

V.- El cuestionario para el perito.

VI.- El interrogatorio para la prueba testimonial.

VII.- Las pruebas documentales que ofrezca.

 

A falta de alguno de éstos, se requerirá al actor para que en un plazo de 5 días se subsane la omisión; de no hacerse, si se trata de las fracc. I a IV, se tendrá por no presentada la demanda; si se trata de las pruebas se tendrán por no ofrecidas.

 

 

 

IMPUGNACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN
(Art. 16 LFPAC Art. 221 CFES)

 

      I.- Si conoce el acto, lo impugnará junto con su notificación.

 

      II.- Si desconoce el acto, al contestar la demanda, la autoridad le dará a conocer el acto junto con su notificación y se podrá ampliar la demanda.

 

            Si la notificación es ilegal, se estudiarán los conceptos de nulidad en contra del acto.

           

            Si la notificación es legal y la demanda extemporánea, se sobreseerá el juicio. 

 

 

 

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA
(Art. 17 LFPCA Art. 219 CFES)

 

 

Se podrá ampliar la demanda, dentro del plazo de 20 días, en los siguientes casos:

 

I.- Negativa ficta

II.- Contra el acto principal del que derive el impugnado.

III.- En los casos del art. 209 Bis

IV.- Cuando en la contestación se introduzcan cuestiones desconocidas por el actor.

 

 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
(Arts. 19 y 20 LFPCA Arts. 223 y 224 CFES)

 

 Se deberá efectuar dentro del plazo de 45 días.

 Deberá expresar los incidentes de previo y especial pronunciamiento.

 Impedimentos para resolver el fondo.

 Se referirá a cada uno de los hechos.

Los argumentos que demuestren la ineficacia de los conceptos de impugnación

 No podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.

Tratándose de negativa ficta, se expresarán los hechos y el derecho en que se apoya la misma.

 La autoridad podrá allanarse a las pretensiones del demandante. 

 

 

 

 

INCIDENTES
(Arts. 29 al 39 LFPCA Arts  230 al 237)

 

De previo y especial pronunciamiento:

 

I.- Incompetencia en razón del territorio

II.- Acumulación de autos

III.- Nulidad de notificaciones

IV.- Interrupción por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia.

V.- Recusación por causa de impedimento

 

Diversos:

 

VI.- Suspensión de la ejecución

VII.-Falsedad de documentos

 

 

PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD
(Art. 40 LFPCA Art. 238 CFES)

 

Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto:

1.- La de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones.

2.- La petición de informes, salvo que éstos se limiten a hechos que consten en documentos en poder de las autoridades. 

 

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia

 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS
(Art. 46 LFPCA Art. 245 CFES)

 

Confesión expresa, presunciones legales que no admitan prueba en contrario y los hechos legalmente afirmados por la autoridad hace prueba plena.

 

 La pericial  testimonial y demás pruebas quedan a la prudente apreciación de la Sala.

 

 

ALEGATOS Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN
(Art. 47 LFPCA Art 246 CFES)

Diez días después de concluida la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente, se tendrán 5 días para formular alegatos.

 

Al vencer el plazo de cinco días, quedará cerrada la instrucción. 

 

 

SENTENCIA
(Arts. 49 Y 50 LFPCA Arts. 250 y 251 CFES)

 

 La sentencia se pronunciará por unanimidad (3) o mayoría (2) de votos, dentro de los 60 días siguientes al cierre de la instrucción.

Se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor.

Deberán analizarse primeramente las causales de ilegalidad que puedan motivar una nulidad lisa y llana.

 Podrán corregir los errores en la cita de los preceptos violados.

Tratándose de recursos administrativos, si cuenta con elementos para ello, la Sala se pronunciará sobre la recurrida.